¿Conoces el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), también conocido como impuesto de transmisiones onerosas, es un impuesto algo desconocido. Afecta a las operaciones en las que se paga un precio para adquirir determinados derechos sobre el patrimonio de una persona jurídica o física. Entre otro tipo de operaciones, aquí entrarían los arrendamientos de vivienda, el tema que nos ocupa.

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de marzo de 2019 incluye una modificación sobre la obligatoriedad del pago de este impuesto. Si nuestro contrato ha sido firmado antes de esta reforma es obligatorio pagarlo, pero si ha firmado una vez entró en vigor el nuevo decreto, el pago está exento. En caso de que sea necesario pagarlo, su pago corresponde a la parte arrendataria, o sea, a las inquilinas. Debe pagarse en los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato (en la práctica, tienes aproximadamente un mes y medio de plazo), a través del modelo 600 de la Agencia Tributaria.

Aunque este impuesto sobre el alquiler lleva años en vigor, raramente se abona. En primer lugar, porque hay una gran cantidad de alquileres que no son declarados por parte de los propietarios, pero también porque directamente se desconoce la existencia de este impuesto.

Aunque la inquilina es responsable de su pago, una vez que la parte propietaria ha ingresado el primer mes de alquiler y no ha solicitado el justificante de pago del ITP, esta se convierte en responsable subsidiaria. ¿Qué significa esto? A nuestro entender, que también es responsable por no haber reclamado su pago.

Si no se paga en plazo, la administración puede exigir el pago de este impuesto con intereses de demora en los siguientes 4 años. 

*Según recoge la guía de la Junta de Andalucía para el ITP (que puedes encontrar aquí), este está regulado, a nivel legal, por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, (BOE de 20 de octubre – ENLAZAR) y a nivel reglamentario, por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, (BOE de 22 de junio – ENLAZAR), aunque alguno de sus preceptos se encuentran anulados por Sentencias del Tribunal Supremo o bien de forma tácita por oponerse a normas posteriores de rango superior, sin que conste dicha circunstancia en el propio Reglamento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene determinadas facultades normativas en esta materia, encontrándose en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, (BOJA de 9 de septiembre). Diversas leyes dictadas por la Comunidad Autónoma han introducido modificaciones, quedando incorporadas al propio Texto Refundido, al que puede accederse desde aquí.