Un Plan de Choque Social frente a la crisis habitacional del coronavirus

Actualmente parece incuestionable el devastador efecto que la crisis generada por el coronavirus está teniendo a nivel económico y social, más aún si tenemos en cuenta que se trata de una situación que seguirá empeorando a medida que avance la crisis. La dependencia de la importación-exportación, los ceses de actividad de empresas y la consecuente pérdida de empleo, está haciendo que familias que todavía no habían comenzado a recuperarse después de la crisis anterior, se vean nuevamente sumidos en una situación muy desfavorable.

España ocupa el quinto puesto de la OCDE con un 20,3% de la población que gasta más del 40% de sus ingresos en alquiler (tasa de sobrecarga del costo de la vivienda), siendo la media estatal de ingresos dedicados a la hipoteca el 16,39 % y al alquiler el 24,52 %. Esto hace que un creciente número de personas tenga que decidir entre pagar la vivienda, los suministros o alimentar a su familia. Se dice que el coronavirus no es clasista, porque infecta a personas de todas las clases sociales; pero la crisis que genera sí lo es, especialmente en un contexto de creciente desigualdad entre unos estratos sociales y otros.

En este contexto del Estado de Alarma, el pasado 17 de marzo el gobierno aprobó un «escudo económico y social» de 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis derivada de la lucha contra el coronavirus. Entre las medidas adoptadas se encuentran: facilidades para aplicar Expedientes de Regulación Temporal del Empelo (ERTE) con más protección social, liquidez garantizada para empresas, exenciones en las cotas de la Seguridad Social para autónomos que ven mermados sus ingresos, entre otras.

Respecto a la vivienda, las medidas tomadas son, por un lado, una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o se encuentren en paro como consecuencia del coronavirus; y, por otro, la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones) a estos colectivos, como medida complementaria.

No obstante, desde los sindicatos de inquilinas e inquilinos, consideramos las medidas relativas a la vivienda, insuficientes. Nuevamente, es esta “España de propietarios” vuelve a dejarse de lado la cuestión del alquiler. Si bien el porcentaje de familias que viven en alquiler se redujo del 51% en los años cincuenta al 77,8% del 2018, actualmente es la única alternativa que por decisión u obligación, tienen muchas familias.

Si tenemos en cuenta que el temporal cierre de negocios y despidos también afecta a las personas que viven de alquiler ¿por qué no se ponen medidas al respecto? Desde los sindicatos de inquilinas e inquilinos exigimos al Gobierno que de manera inmediata suspenda el pago del alquiler y de los suministros básicos para las personas y PYMES que pierdan o reduzcan sus ingresos durante la crisis.

Porque esta crisis no la vamos a pagar la población, porque no vamos a permitir que nadie sea expulsado de su vivienda, si el gobierno no aprueba las medidas, seremos los sindicatos de inquilinas e inquilinos quienes las pondremos en práctica. Porque si perdemos ingresos, antes de endeudarnos o dejar de cubrir necesidades básicas, dejaremos de pagar nuestro alquiler, dando una respuesta conjunta y coordinada, a través de la unión, la organización y la acción por la defensa de nuestros derechos a una vivienda digna y asequible.

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