El conflicto de la vivienda en España (I): movimientos por la vivienda a principios del siglo XX


En colaboración con Ajuntando Saberes – Grupo de estudios barriales, hemos preparado este artículo que será el primero de una serie de tres en los que daremos una visión del conflicto de la vivienda en España desde una perspectiva histórica. Comenzaremos por analizar el conflicto político, económico y social en el cambio del siglo XIX al XX, y cómo las dificultades de acceso a la vivienda crearon un terreno fértil para el surgimiento de los movimientos de defensa de los alquileres justos.

En un segundo artículo se recorre el proceso de transformación en materia de vivienda, desde los años 50 hasta la actualidad, y cómo políticas e inercias heredadas del franquismo y del desarrollismo continúan minando la situación de la vivienda. Para terminar daremos una visión de las resistencias y las luchas de los movimientos contemporáneos de lucha por la vivienda, así como de las alternativas que se proponen al modelo de acceso a la vivienda en el que vivimos.

Una época de cambios

El siglo XIX es una época de intensa transformación urbana, tanto a nivel de estructura de la propiedad, como de legislación en materia de vivienda y composición de la población. Durante la segunda mitad del siglo confluyen una serie de cambios (a nivel productivo, legislativo, urbanístico y político) que van a afectar profundamente al mercado del alquiler de viviendas, derivando en una crisis del mercado de alquiler a principios del siglo XX.

Cambios legislativos

Hasta 1842 los contratos de arrendamiento estaban regulados por la llamada “Novísima Recopilación”, una actualización de la “Nueva Recopilación” (cuerpo legal publicado en 1567, y vigente desde entonces) que recogía en un único cuerpo legal el conjunto de las leyes, ordenanzas y el resto de disposiciones vigentes en la época de su publicación. Se dividía en doce libros, siendo el décimo el correspondiente a los “[…] contratos y obligaciones, testamentos y herencias.” En concreto, el título 10, ley 8ª, titulado “Arrendamientos de casas de Madrid, y reglas que deben observarse en ellos” comenzaba con la siguiente introducción, que recalca la importancia que se le daba a la libre disposición de la propiedad privada1:

Siendo frecuentes los recursos sobre preferencia en los arrendamientos de casas de Madrid, con que se complican los Tribunales, y de que resulta á los dueños el impedimento de la facultad que su dominio les da de arrendarlas.

Sin embargo, más adelante añade:

No puedan los dueños y administradores tener sin uso y cerradas las casas; y los Jueces los obliguen á que las arrienden á precios justos convencionales, o por tasación de peritos que nombren las partes, y tercero de oficio en caso de discordia, aunque se diga y alegue no poder arrendarlas, por estarles prohibido por fundaciones, o por otro motivo, pues semejantes disposiciones no pueden producir efecto en perjuicio del bien público.

Este punto contrasta con el primero, dejando ver que los derechos sobre la propiedad privada no son considerados tan importantes como para estar por encima del bien público. Se puede obligar a arrendar una propiedad vacía, y es importante que el precio sea justo, ya sean capaces las partes de llegar a un acuerdo al respecto o deba dictaminarlo un juez. Esta situación de mayor peso de la función social de la vivienda se mantendría hasta la mitad del siglo XIX. 

El cambio comienza en 1842. En la Gaceta de Madrid (documento análogo al BOE, publicado a diario donde se informaba de la promulgación de leyes y decretos, y de noticias gubernamentales), se publica la “Discusión del proyecto de ley sobre inquilinatos de casas”, que incluye el “Principio de libre contratación de arrendamientos”2:

Los dueños de casas y otros edificios urbanos, así en la corte como en los demás pueblos de la Península é islas adyacentes, en uso del legítimo derecho de propiedad, podrán arrendarlos libremente desde la publicación de esta ley arreglando y estableciendo con los arrendatarios los pactos y condiciones que les parecieren convenientes, los cuales serán cumplidos y observados á la letra

Es decir, se introduce la libertad de pacto en todas las condiciones, entre las que están, por supuesto, la duración de los contratos y la renta. Se deroga además el artículo de la novísima, así como cualquier otra real resolución, práctica o costumbre contraria a la ley.  Este proyecto de ley queda apoyado por la publicación del código civil en 1889, en el que solamente se impone la existencia de un precio cierto y un tiempo determinado, acordados a voluntad de las partes3.

Vemos cómo con cada nueva actualización de la legislación, la balanza se inclina un poco más hacia el lado de los arrendadores. La desprotección legal de los inquilinos será un punto clave en la crisis de alquiler de las primera décadas del siglo XX.

Otro cambio legislativo que aumentó la desprotección del inquilinato fue el del código de enjuiciamiento civil 1881. Este recogía que cualquier incumplimiento del contrato era motivo de desahucio, siendo los lanzamientos extraordinariamente rápidos, tardando entre ocho días y un mes como máximo. Sin embargo la mayoría de los desahucios ocurrían por el aprovechamiento de una falta de concreción en el contrato: era habitual no estipular la duración, en cuyo caso ocurría lo que se llama reconducción tácita. Esto quiere decir que la duración del contrato se igualaba a la periodicidad de la renta. Al ser lo más habitual que la renta se pagase por meses, los contratos en los que la duración no estuviese especificada, el propietario podía incluir modificaciones en el contrato al término de cada mes. Por ejemplo, una subida del alquiler a raíz de la cual, si no había acuerdo, ocurría el desahucio. 

Por último, además, a partir de 1912-1913 empezó a existir el Impuesto sobre el alquiler (o impuesto de inquilinato), pagado por el inquilino. Los alquileres de menos de una cierta cantidad (cambiante según la época) estaban exentos. Esto produce un movimiento de inquilinos hacia alquileres más baratos que, viendo aumentada su demanda, aumentan su precio, produciéndose una aumento hacia arriba de los precios de alquiler4 5 6 7.

Desamortización y concentración de propiedad

Los procesos de desamortización consistieron en la puesta en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, de las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas “manos muertas”, es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas (que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones y testamentos) y de las tierras comunales de los municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. En España hubo 6 procesos de desamortización: 1808-1813, 1810-1814, 1820-1823, 1836-1837, 1841, 1854-1856.

Uno de los propósitos de las desamortizaciones era generar una base social de pequeños propietarios, a través de la venta de las propiedades subastadas. Sin embargo, los procesos de desamortización mantuvieron la estructura de la propiedad (concentrándose la propiedad en cada región en proporción al tamaño existente previamente) o dieron lugar a mayores concentraciones de terreno y propiedades. Hay que tener en cuenta que las propiedades subastadas (tierras comunales, edificios, conventos) habitualmente estaban solamente al alcance de grandes propietarios8.

Estos procesos tuvieron un papel fundamental en la transformación de los núcleos urbanos y rurales. En las ciudades, algunos conventos desamortizados fueron convertidos en edificios públicos (museos, hospitales, oficinas, cuarteles), mientras que otros se derribaron para construir ensanches y nuevas calles y plazas, contribuyendo al cambio de la ciudad conventual a la ciudad burguesa.

A nivel rural, los terrenos comunales no siempre podían ser adquiridos por los campesinos que antes los utilizaban y gestionaban. La pérdida de este recurso, a veces la única fuente de ingresos, produce una emigración hacia la ciudad. Tanto el éxodo rural como la creciente centralidad administrativa y económica de las ciudades, contribuye a aumentar la población de éstas, sin que aumente significativamente el parque de viviendas. Esto nos lleva al siguiente punto, el de la falta de construcción de vivienda.

Estancamiento en la construcción de viviendas

Durante este periodo la construcción de viviendas nuevas no es suficiente para abastecer la demanda generada por el aumento de población de las ciudades. La inversión privada no era capaz de proporcionar vivienda a precios asumibles a sectores de bajos ingresos: la vivienda que se construye, considerablemente más moderna en equipamientos y servicios que la existente, se alquila y se vende a precios muchos más altos. Son frecuentes en este periodo los procesos de ensanche, en los que se derriban casas antiguas para construir avenidas y edificaciones nuevas. Por ejemplo, para la construcción de la Gran vía de Madrid, se demolieron 312 casas; para la construcción de la Gran Vía de Granada, se derribaron 244 casas en los que eran los barrios de Santiago y Mezquita, que desaparecieron. Estos procesos de ensanche son, al igual que las reformas urbanas que ocurren durante las desamortizaciones, otra parte de la transición de la ciudad conventual a la ciudad burguesa, en cuyo centro encontramos, entre otros, sedes de bancos, hoteles y oficinas de correos. Las zonas transformadas reafirman su posición de centro de la ciudad, además de con la aparición de un nuevo paisaje urbano, con fuertes subidas de precios debidas tanto a la situación en la ciudad, a las características de las nuevas viviendas y la reducción en la oferta neta de vivienda (se derriban más viviendas de las que se construyen).

Otro factor en el encarecimiento del precio de la vivienda es la construcción de nuevas infraestructuras. La renovación del acerado, nuevos alumbrados públicos, el saneamiento en las casas o las mejoras de alcantarillado, se publicitan como extras de la vivienda, encareciendo también el precio. La falta de acceso a la vivienda da lugar a un problema constante de infravivienda y hacinamiento de la población en algunos núcleos urbanos, problema que se agrava debido a los efectos negativos que tuvo la I Guerra Mundial en la actividad del sector: el alza de los costes y las dificultades en la importación de los materiales de construcción provocó un estancamiento de la actividad. La falta de construcción contrasta con el aumento de la población urbana, teniendo como consecuencia inmediata el encarecimiento de los alquileres de viviendas y locales comerciales.

En este contexto la situación del inquilinato es de gran precariedad. Para poner en perspectiva cómo afectó al precio de los alquileres el contexto jurídico, económico y social de este período, entre 1905 y 1910 los alquileres sufrieron subidas de entre el 30 y el 36%, y de entre el 50 y el 70% de 1910 a 19209. Si bien es cierto que estos datos se refieren a la subida de los alquileres en Madrid, es aquí uno de los lugares donde confluyen simultáneamente con más fuerza los procesos de desamortización, éxodo rural y renovación de las ciudades, y puede servir de indicador del efecto conjunto de estos procesos.

Movimiento asociativo y huelgas

La situación de dificultad de acceso a la vivienda hace que, a finales del siglo XIX, comience a generalizarse entre la opinión pública una nueva visión sobre la propiedad urbana y la necesidad de defender los derechos de los inquilinos. Entre 1900 y 1920 se crean  numerosos grupos de presión, entre los que destaca el movimiento asociativo vecinal, con el objetivo de conseguir un abaratamiento de la vida, denunciando el ahogo económico que sufren las clases trabajadores y medias. La siguiente lista, en absoluto exhaustiva, recoge la fecha de creación de algunos de los sindicatos, ligas o asociaciones que surgieron para luchar por la defensa de los alquileres:

Madrid, 1911, Liga de Defensa y Previsión de los Inquilinatos/Inquilinos

Gijón, 1914, Sociedad de Inquilinos y Liga de Consumidores

Gijón, 1917, Sociedad similar

Gijón, 1918, Liga de Inquilinos de Gijón 

1918: Asturias: Mieres, Gijón, Oviedo, Sama, Avilés

1918-1920: Barcelona y San Sebastián.

Sevilla, 1919, Liga de Inquilinos 

Madrid, 1919: AAVV de Madrid

Santa Cruz de Tenerife, 1923, Liga de Inquilinos

Santa Cruz de Tenerife, 1928, Sindicato de Inquilinos

Es difícil establecer una cronología exacta, con fechas de creación, cese y fusión de unas asociaciones con otras. No siempre es posible encontrar los registros, y no siempre están recogidas las noticias en prensa. Sin embargo, sí es posible hacer una “fotografía” y ver qué asociaciones había en un cierto momento. El Socialista (periódico del partido obrero) publica en 1928 una noticia sobre la elección de representantes para la junta consultiva de las asociaciones de inquilinos. En ésta se publica una lista de las 25 asociaciones de inquilinos “oficiales”, registradas y publicadas en La Gaceta (el equivalente al BOE) y que por tanto puede participar en la votación10

Distribución de las 25 asociaciones de inquilinato existentes en 1928. Mapa de creación propia a partir del listado publicado en El Socialista de 14 de julio de 1928.

Esta instantánea no nos permite saber ni su duración ni su impacto, pero nos deja ver que el acceso a la vivienda es considerado como un problema de primer orden. Aunque todas las asociaciones tienen objetivos similares, tienen un carácter muy diferente en función de las circunstancias de la región en la que surgieron. En Madrid se presenta como un movimiento interclasista, compuesto en buena parte por “profesionales liberales” (abogados, ingenieros, médicos). Gente que vive o trabaja en el centro y ve como el nivel de vida sube y su forma de vida (no burguesa pero acomodada) se ve en peligro. En Asturias se concentra principalmente en las cuencas mineras. En Barcelona está muy relacionado con el sindicalismo, siendo la CNT la promotora tanto de las asociaciones de inquilinos como de las huelgas. En Sevilla tiene una amplia base popular, y las protestas son generalizadas y violentas (frente al movimiento cívico y con pocas llamadas a la acción de Madrid). La presencia de sindicatos como la CNT y el clima de violencia rural andaluz fueron determinantes en este sentido.

Las ligas de inquilinos llegan a asociarse en la Federación de Entidades Ciudadanas de España, en la cual tiene mucho peso la Asociación de vecinos de Madrid, donde surge buena parte del movimiento debido a la fuerte demanda de vivienda que sufre la capital en ese momento. 

Discurso y peticiones

Por la abundancia de documentación, el discurso más fácil de reconstruir es el de la Asociación de Vecinos de Madrid. Además, al tener mucho peso en la Federación de Entidades Ciudadanas hizo sus reclamaciones extensivas al resto de la península. Hay que decir, sin embargo, que su discurso es mucho más moderado en comparación con el de otras asociaciones. Se presenta como un proyecto interclasista (de clases medias y bajas) que defiende al “vecindario” frente “a las poderosas Compañías de todas clases” o “los fraudes de que se le hace objeto, ya de una manera escandalosa en el precio y calidad de las sustancias alimenticias”. En cuanto a los alquileres, no proponen modificar el orden social, luchar contra la propiedad privada ni cuestionar el beneficio legítimo, sino regulación: vuelta de alquileres a los niveles de 1914, suspender desahucios, construcción de casas baratas y tasa de alquileres por autoridades municipales. Esta última reclamación estaría presente en las reclamaciones de todas las asociaciones y, pese a no llevarse a cabo, fue unos de los caballos de batalla del movimiento por la vivienda.

La Asociación de Vecinos de Madrid justificaba así la necesidad de su creación11:

(…) en favor de la reforma del contrato de arrendamiento, del abaratamiento de las subsistencias, de la tarifa única para los tranvías y de cuanto es favorable y necesario a los intereses del vecindario madrileño, (porque) ante el trust de esto, de lo otro y de todo, nombre con que se disfruta el delito de monopolio y de confabulación para alterar el precio de las cosas, no hay otro recurso que la unión fortísima de todos los explotados.

Ante un centro que se revaloriza, las protestas se articulan en torno al justiprecio: ¿cuál es el interés justo que debe rentar la propiedad? ¿cuándo termina el beneficio lícito y cuándo empieza la usura?. Para justificar el ataque a un tipo de beneficios frente a otro, se distingue entre los arrendadores que hacen un uso de su propiedad (propietarios) y los que hacen un abuso (caseros). De forma que la campaña de alquileres: 

no es de ataque al derecho de la propiedad sino de respeto al mismo y de deseo de armonizar su concepción al concepto social que modernamente debe adoptarse de todo aquello que tiende a la satisfacción de imprescindibles necesidades del ser humano.

La creciente conciencia de pertenecer al inquilinato, como grupo opuesto a los arrendadores, y la figura del sindicato como representante de sus intereses surge de la necesidad de representación de una clase media que vive una crisis de representatividad, por los cambios que están viviendo el propio liberalismo y republicanismo. Las reclamaciones de los inquilinos reciben además un gran apoyo de los comerciantes, que se veían en una situación similar. Especialmente aquellos con pequeñas tiendas en lo que se iría convirtiendo en el centro de Madrid (Gran Vía y alrededores). 

¿Cuáles eran sus peticiones? En primer lugar, y en la que más se insistía,  la determinación del precio justo del alquiler, en función de la tasación de la vivienda. Por otro lado, la eliminación de los extras, pues era común cargar al inquilino pagos de la vivienda correspondientes al arrendador, y las de los intermediarios. Se pedía que las prórrogas fuesen de al menos tres años y que en caso de fin del contrato, se avisase por escrito y adelantado. Por último, que se pudiese cobrar como máximo un mes de fianza, que esta se depositase en entidades pública de crédito y hubiera un justificante por escrito de todos los pagos.

Es, para el momento, una propuesta radical que coincide, casi punto por punto, con lo que ahora consideramos los mínimos que debe tener un contrato de arrendamiento. El primer punto, la tasación de los alquileres, sería era el caballo de batalla de los movimientos de inquilinos, que consideraban que había que pagar un alquiler justo, un justiprecio, y que precios por encima eran usura y aprovechamiento, mala fe en resumen. 

Debate político

La movilización de las asociaciones de inquilinos, sumada a los cambios legislativos que estaban ocurriendo en otros países europeos, hace que la necesidad de dar un giro a la legislación y proteger a los arrendatarios, entre en el discurso político. Es interesante que partidos de partes diferentes del espectro político, y de intereses diversos, están de acuerdo en la necesidad de intervenir, de una forma u otra, en esta situación, no pudiendo tener los propietarios libertad total de actuación. La iniciativa a favor de la regulación del mercado de alquiler de viviendas y locales comerciales contó con una diversidad de apoyos políticos, que englobó a los partidos de la izquierda parlamentaria, liberales pero también a algunos diputados conservadores de la cámara. 

Sin embargo, más allá de eso, hay una combinación de propuestas radicales y moderadas, y poco acuerdo en el “cómo” ponerlas en práctica. Las dos propuestas con más peso eran la tasa de los alquileres (cómo pedían las asociaciones de inquilinos) y la prórroga de los contratos. El sistema de tasa consistía en fijar el alquiler en un porcentaje sobre el valor de inmueble (entre un 4.5% y un 5%).

Los partidarios de la prórroga de los contratos proponían prórrogas indefinidas, en las que el propietario no podría desahuciar al inquilino salvo impago, a la vez que se congelaban los alquileres, independientemente de si cambiaba el propietario o el inquilino. Ambas propuestas de regulación se consideraban una solución a corto plazo, pero existía. un acuerdo en que debía fomentarse la construcción de viviendas como medio de solucionar el problema a largo plazo.

Desde la oposición a la regulación hay dos posturas diferentes. Por un lado, los partidos conservadores, defensores de un sentido tradicional de la propiedad. No es problema de “caseros”, sino de falta de construcción. Congelar alquileres agravará el problema, porque los capitalistas no querrían invertir. Por otro lado, con una posición ambivalente con respecto a la regulación, se encontraban los socialistas y algunos republicanos. Consideran que la vivienda es bien de primera necesidad y que no se puede hacer negocio con él. El derribo y construcción aumenta los alquileres (se sustituye por vivienda de lujo, como en Gran vía). Proponen aumentar la construcción de vivienda pública cuyo precio sirva de referencia para el mercado. 

Finalmente, en 1920 el ministro Gabino Bugallal aprobó el Real Decreto en el que se recogían algunas medidas de protección del inquilinato. La primera era la prórroga forzosa de los contratos, salvo que el arrendador reclamase la propiedad para uso propio. Esta condición sigue en la legislación vigente, y aparece por primera vez aquí. Por otro lado, se limita la subida de las rentas, de forma que los alquileres tengan un tope de entre un 10% y un 20% sobre las rentas de 1914. Esta medida da lugar, sin embargo, a que muchos propietarios trasladasen al inquilino los gastos de mejoras, tributación y suministros12. Por último, es importante resaltar que se crean las Comisiones Arbitrales, compuestas por dos vocales de las Cámaras de la Propiedad y dos vocales de las Ligas de Inquilinos, que comenzaron a actuar en los juicios municipales en caso de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

Aunque se recogen dos de las demandas fundamentales (prórrogas y limitación de las subidas) muchas de las peticiones de las asociaciones de inquilinos quedan fuera del decreto. Ello no quiere decir que no fuese una mejora significativa sobre las condiciones anteriores. El decreto había conseguido resolver, de forma legislativa, el problema de la vivienda para los inquilinos. Sin embargo, en caso de dejarlo vencer sin haber puesto en marcha una solución estructural, se temía que se produjese un desahucio masivo de inquilinos acompañado de una nueva subida de los alquileres, con las correspondientes protestas, huelgas y luchas por parte de las asociaciones de inquilinos. El coste de esta decisión era tal que el decreto, que en principio fue considerado una medida de urgencia que debía durar hasta finales de 1922, fue prorrogándose con pequeñas modificaciones hasta 1946. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931), se introducen algunas mejoras para propietarios, como el que los alquileres nuevos estuviesen fuera de control de renta y de subidas de alquiler. Durante la segunda república (1931-1939) vuelve a aumentar la protección del inquilinato, introduciendo las prórrogas por tiempo indefinido hasta que se aprobase una ley que sirviese de marco definitivo. Sin embargo, hasta 1946 no se promulga una ley que recoja las normas que aparecían en el decreto ley de 1920 junto a sus modificaciones posteriores. Esta ley será la que esté vigente hasta la aprobación del decreto Boyer de 1985.

La nueva legislación aprobada en 1920 no fue un producto exclusivamente de factores económicos, como la subida de los alquileres o la escasez de viviendas, sino el resultado de la generalización entre la opinión pública de una nueva visión sobre la propiedad urbana y la necesidad de defender los derechos de los inquilinos. La prórroga de contratos y la supervisión de los alquileres por las autoridades crearon un marco que agravaba el conflicto latente entre propietarios e inquilinos, y fue haciendo progresivamente más difícil volver a la situación anterior a la guerra. Desde esta perspectiva se explica que regímenes de muy distinto signo político prorrogaran la legislación de inquilinato.

Huelgas de inquilinos

Salvo alguna excepción en el siglo XIX, las huelgas de inquilinos comienzan a aparecer a principios del siglo XX como un mecanismo para resolver conflictos concretos. Especialmente en los casos en los que el arrendador era propietario de varias viviendas, y las subidas abusivas de alquiler, desahucios o falta de mantenimiento de inmuebles, afectaban simultáneamente a numerosos inquilinos, la respuesta colectiva en forma de huelga de impagos se mostró como una forma eficaz de negociar con los arrendadores. Sin embargo, de cara a promover cambios en la legislación, o a reclamar el reconocimiento de las asociaciones como interlocutores válidos con las administraciones, la vía asociativa tuvo mayor impacto. 

Lo que sigue es una cronología parcial de las huelgas de alquileres de las primeras décadas del siglo XX, dentro y fuera de España. Ha de ser forzosamente parcial porque no todas están documentadas, e incluso las documentadas a menudo sólo aparecen como un recorte de prensa. 

1907: Buenos Aires y Budapest

En 1907 comienza en Buenos Aires la huelga de inquilinos conocida como “huelga de las escobas”. Fue un movimiento popular contra la subida de los alquileres ocasionada por un aumento impositivo que los arrendadores trasladaron al precio de los alquileres. Duró aproximadamente 3 meses y participaron del movimiento más de cien inquilinatos, llegando a estar 32.000 obreros en huelga. La huelga trajo mejoras, pero no logró modificar los problemas de vivienda de los trabajadores. Sin embargo, marcó un punto de inflexión en la lucha por la vivienda de Argentina13 14 15

En Budapest, en 1906, tras un periodo largo de subida de los alquileres (entre un 20% y 30% entre 1893 y 1906), comienza una pequeña depresión económica en la que los alquileres y los precios de la comida subieron espectacularmente. De hecho, en el periodo 1906-1913, los alquileres de viviendas de una sola habitación llegaron a duplicarse. Las tensiones que surgieron de estas subidas, especialmente los desahucios masivos, dieron lugar a conflictos abiertos entre arrendadores y arrendatarios. Durante 1907, la postura de los inquilinos fue iniciar huelgas de alquileres en bloques en los que en alguna vivienda hubiera habido un desahucio, y organizar boicots para evitar que las viviendas desahuciadas fueran arrendadas de nuevo (con las consecuentes pérdidas para el arrendador). Tanto las huelgas como los boicots tuvieron como resultado una reducción del precio de los alquileres y negociaciones colectivas con los bloques afectados, que conseguían mejores condiciones para los inquilinos16.

1911: Viena

En 1911, se produjo un aumento del precio de los alimentos y de hasta un 20% del precio de los alquileres. La respuesta a estas subidas fueron huelgas, motines, y la creación de la asociación de inquilinos de Viena, dirigida por el partido socialdemócrata. Las propuestas condujeron a la realización de pequeñas reformas en la ley de vivienda, a destinar fondos para la construcción de viviendas para familias sin hogar, y a la creación de una pequeña oficina de la vivienda, pero no hubo verdaderos cambios hasta el comienzo de la primera guerra mundial17 18
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1905: Baracaldo y Sestao

Entre Baracaldo y Sestao llegaron a ponerse en huelga 2000 familias, paralizando actividad económica de las ciudades. Las peticiones consistían en una rebaja del 50% de los precios de alquileres, saneamiento anual de la vivienda y reconocimiento de las sociedades de inquilinos como interlocutores válidos. Este último punto era particularmente importante, porque les permitía ejercer una presión legítima sobre la regulación, o por lo menos las condiciones, de los alquileres  de forma más duradera que el tiempo que duraba la resolución del conflicto a través de la huelga.

1915: Glasgow

En 1915 Glasgow es una de las ciudades más habitadas de Reino Unido. Había recibido 70.000 nuevos residentes en tres años, teniendo una demanda muy alta para la que no hay oferta suficiente. Desde el ayuntamiento se habían construido apenas 2.000 apartamentos en este periodo. En esta situación los caseros empezaron a subir fuertemente los alquileres. La huelga de alquileres comienza en marzo, con un desahucio evitado por los vecinos del bloque, y tiene su punto álgido en noviembre, cuando llega a haber 20.000 hogares en huelga, hasta que el 25 de noviembre se aprueba una ley restringiendo las subidas de renta. Fue un éxito conseguir un cambio legislativo a través de campañas de apoyo y acción colectiva aunque lamentablemente la legislación al respecto se debilitó pronto19.

1919- 1920: Sevilla, Madrid, San Sebastián y Asturias

Noticia publicada en el ABC de 21 de marzo de 1919

En Sevilla, en un clima de huelgas anarquistas y de creciente subida de los alquileres, se crea la Liga de Inquilinos. Recién creada, comienzan las protestas, y tras un mes de negociaciones, movilizaciones y motines, se llega a un acuerdo para reducir un 50% los alquileres populares 20 21.

En Madrid, las Inquilinas de los números 102, 104 y 106 de la calle Embajadores se manifiestan frente al ministerio de gobernación, protestando por la subida de los alquileres. Las inquilinas eran de condición humilde, familias numerosas de trabajadores, y denunciaban tres subidas de alquileres en los últimos dos años. Una comisión de las manifestantes fue recibida por el subsecretario de Gobernación para escuchar sus quejas, pero el periódico informaba que sin ofrecer esperanza alguna de que sus demandas fueran atendidas 22.

Manifestación en protesta por las subidas del alquiler a los inquilinos de los números 102, 104 y 106 de la calle Embajadores, Madrid, 1920
Recorte de prensa en el número de El Socialista, del martes 6 de abril de 1920

En San Sebastián, en 1920,comienza una huelga de alquileres, negándose a pagar rentas superiores a las de 191423.

Barcelona había experimenta un aumento muy significativo de población y de la actividad del sector de la construcción, principalmente a causa de la exposición universal de 1929. Esta fecha coincide con el crack de la bolsa de Nueva York, que da lugar a un parón de la actividad económica y también de la construcción, que llega a registrar una tasa de desempleo de hasta el 40%. La huelga estuvo dirigida por el comité de defensa económica y el sindicato de la construcción de la CNT. Se mantuvo entre abril y diciembre de 1931, y se reclamaban rebajas en el alquiler de hasta el 40%. La huelga fue respondida con una dura represión, y aunque no se consiguió una rebaja general de los alquileres, muchas familias pactaron rebajas con los propietarios.

Publicado en el ABC del 3 de enero de 1920.

En Asturias, entre 1920-1921, hay toda una campaña de huelgas de alquileres, dirigida a aquellos caseros que no respetasen el nuevo decreto aprobado en 1920.

En Tenerife, los precios abusivos del alquiler, el elevado número de viviendas deshabitadas, el alto índice de chabolismo y, finalmente, las sentencias de desahucios, llevan al Sindicato de Inquilinos de la Federación Obrera a una convocatoria de huelga con la negativa a pagar los alquileres de las viviendas. Durante 3 días, los huelguistas asaltan los domicilios de los administradores de las propiedades y son apedreados los juzgados hasta que la Guardia civil y el ejército toman la ciudad24.

Destrozos durante la huelga de alquileres de Tenerife

Hemos visto cómo a partir de la mitad del siglo XIX una serie de factores se desarrollan y coinciden a principios del siglo XX haciendo insostenible la situación del inquilinato. Cambios legislativos, el éxodo rural, la renovación de las ciudades y la falta de vivienda dejan al inquilinato en una situación de desprotección y vulnerabilidad que es enfrentada a través del asociacionismo y el apoyo mutuo. Las sociedades, ligas y sindicatos de inquilinos (asociaciones de inquilinos de una forma u otra) fueron fundamentales para conseguir la promulgación del decreto de 1920, que supuso un cambio radical con respeto a la protección del inquilinato.  Simultáneamente, las huelgas de inquilinos permitieron hacer frente a situaciones puntuales de abuso y desprotección, y aunque no siempre fueron exitosas, permitieron darle un forma colectiva a conflictos que de otra forma hubieran sido individuales.

Próximamente publicaremos el siguiente artículo de esta serie, en el que hablaremos del proceso de transformación que sufre, desde los años 50 hasta la actualidad, la política de vivienda, y cómo esta política y otras inercias heredadas del franquismo y del desarrollismo continúan influyendo en la situación actual de la vivienda. 

  1. “Novísima recopilación de las leyes de España. Tomo V. Libros X, XI y XII” http://fama2.us.es/fde//ocr/2006/novisimaRecopilacionT5.pdf
  2. Gaceta de Madrid. Número 2702. 4 de marzo de 1842 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1842/2702/A00001-00002.pdf
  3. Código civil, 1889
    https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&p=18990804
  4. C. T. Eheberg. Hacienda Pública http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/hacienda/20.pdf
  5. El impuesto único. Órgano mensual de la Liga Española. Número 6, 1912. http://bibliotecavirtual.malaga.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1101458
  6. Revista comercial ibero-americana. Número 26, 1911
    http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=id:0012226181&lang=ca&log=00000000-00000-00001/
  7. María Teresa Martínez de Sas. Los comienzos de un problema secular: la política sobre la vivienda obrera y los alquileres en los primeros socialistas españoles http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-22.htm#_ednref46
  8. Richard Herr: España contemporánea, Marcial Pons, Ediciones de Historia S.A., Madrid, 2004, ISBN 84-95379-75-9
  9. Protesta colectiva y cambio social en los umbrales del siglo XX: Madrid 1914-1923. Francisco Sánchez Pérez. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia Departamento de Historia Contemporánea . p.203
    href=»https://eprints.ucm.es/2416/1/T19141.pdf
  10. El Socialista, 14 de julio de 1928
    http://archivo.fpabloiglesias.es/files/Hemeroteca/ElSocialista/1928/7-1928/6061.pdf
  11. Protesta colectiva y cambio social en los umbrales del siglo XX: Madrid 1914-1923. Francisco Sánchez Pérez. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia Departamento de Historia Contemporánea . p.203
    https://eprints.ucm.es/2416/1/T19141.pdf
  12. El mercado del alquiler en España: los casos de Madrid y Barcelona. Beatriz Turiel García. Trabajo de fin de grado. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid.
    https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/688827/turiel_garcia_beatriz_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  13. Una genealogía de la lucha revolucionaria contra los desahucios. Publicado en febrero de 2015 (consultado por última vez 16 de febrero de 2020)
    https://www.todoporhacer.org/una-genealogia-de-la-lucha-revolucionaria-contra-los-desahucios/
  14. Huelga de inquilinos de 1907 (consultado por última vez 16 de febrero de 2020)
    https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_inquilinos_de_1907
  15. La huelga de las escobas. Publicado el 10 de agosto de 2018 (consultado por última vez 16 de febrero de 2020)
    https://www.anred.org/2019/08/10/la-huelga-de-las-escobas/
  16. Housing the Workers, 1850-1914: A Comparative Perspective. Martin J. Daunton. Bloomsbury Publishing, 2015
  17. Housing the Workers, 1850-1914: A Comparative Perspective. Martin J. Daunton. Bloomsbury Publishing, 2015
  18. The Architecture of Red Vienna, 1919-1934. Eve Blau. The MIT Press, 1999
  19. 1915: Glasgow Rent Strike Publicado el 8 de febrero de 2015 (consultado por última vez 16 de febrero de 2020)
    https://libcom.org/history/1915-glasgow-rent-strike
  20. Sevilla y el estado, 1892-1923: una perspectiva local de la formación del capitalismo en España. Carlos Arenas Posadas, Universidad de Sevilla, 1995
  21. Publicado en el ABC del 21 de marzo de 1919.
    http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1919/03/21/011.html
  22. Publicado en el número 3479 de El Socialista, del martes 6 de abril de 1920
    http://archivo.fpabloiglesias.es/files/Hemeroteca/ElSocialista/1920/4-1920/3479.pdf
  23. Publicado en el ABC del 3 de enero de 1920, página 10.
    http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1920/01/03/010.html
  24. 4 de abril de 1933 Huelga de inquilinos en Santa Cruz de Tenerife. Publicado el 13 de abril de 2017 (consultado por última vez el 16 de febrero de 2015).
    https://intersindicalcanaria.org/4-de-abril-de-1933-huelga-de-inquilinos-en-santa-cruz-de-tenerife/

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